La encrucijada de los municipios con Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para la construcción de una paz estable y duradera”
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (2016) tiene como eje transversal el componente territorial en la implementación de lo acordando entre las FARC-EP y el gobierno nacional. A través de cuatro criterios de priorización se definieron 170 municipios, divididos en 16 subregiones en los que se formularían y ejecutarían Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), caracterizados por contar con un horizonte de planeación de largo plazo, construcción participativa y herramientas para la materialización de la Reforma Rural Integral.
Específicamente, el Acuerdo Final (AF) define que el objetivo de la construcción de los PDET es "lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad" (Gobierno Nacional & FARC - EP, 2016) a partir del aseguramiento de las condiciones de acceso integral a la tierra.
En los PDET se proyecta consolidar el buen vivir y las lógicas de desenvolvimiento de la economía campesina y familiar de las comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, que según el Instituto Kroc "son fundamentales para una paz transformadora que mejore la calidad de vida de campesinos, mujeres rurales y pueblos étnicos en los territorios de Colombia que más lo necesitan" (Kroc, 2019, pág. 4).
La construcción de PDET está ligada a la apropiación social del territorio en tanto a través de los mecanismos de vinculación de expresiones comunitarias, se recogen iniciativas para la proyección territorial en ocho pilares de acción: Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, reactivación económica y producción agropecuaria, educación rural, vivienda, agua potable y saneamiento, salud rural, derecho a la alimentación, reconciliación, convivencia y paz, e, infraestructura y adecuación de tierras.
En principio los municipios PDET se ubican en "zonas que han sido altamente afectadas por la pobreza, la presencia de economías ilegales, la debilidad institucional y la violencia generalizada" (Departamento Nacional de Planeación, 2019, pág. 702), las cuales se han focalizado para establecer procesos de intervención con enfoque territorial basados en el ordenamiento socioambiental del territorio y la construcción de una paz estable y duradera.
En términos generales, según la caracterización realizada por el Gobierno Nacional, los municipios priorizados representan más de la tercera parte del total del territorio nacional, es decir, un 36%, el 56,4% de población total de estos territorios es rural, la cual representa el 30% de población rural del país, el 25,6% de los territorios en los que se ubican los PDET tiene conflictos por el uso de los suelos y en el 94,5% de estos territorios se encuentran cultivos de uso ilícito, en especial, de coca (DANE, 2017 en DNP, 2018).
En este entendido, los PDET comprendidos en el texto acordado entre las FARC-EP y el gobierno nacional contienen tres novedades: en primer lugar, definen los mecanismos de participación y la construcción de los instrumentos que recogen las iniciativas para diseñar la hoja de ruta de la transformación de los municipios priorizados a nivel subregional, es decir, rompe el esquema de planeación territorial establecido por la división político-administrativa del país, pasa de lo municipal a lo subregional; en segundo lugar, ubica la participación comunitaria a nivel veredal, como el insumo para la creación de los Pactos Comunitarios y Municipales de Transformación Regional y los Planes Subregionales de Transformación Regional; en tercer lugar, la construcción de PDET está caracterizada por un enfoque territorial, étnico y reparador (CODHES, 2018).
No obstante, la administración del Presidente Iván Duque desplazó el foco de atención de estos territorios a generar un ambiente de estabilización y consolidación territorial enfocado en crear marcos de "convivencia pacífica a través de minimizar el riesgo de reaparición o repetición de la violencia mediante el fortalecimiento de las capacidades de todos los niveles de gobierno, la presencia efectiva del Estado en el territorio reconociendo sus particularidades" (Departamento Nacional de Planeación, 2019, pág. 702).
Los propósitos del Gobierno Duque se encuentran en las Bases de Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, "Un pacto por Colombia: un pacto por la equidad", el cual se compone por tres pilares generales, a saber: la legalidad, el emprendimiento y la equidad y diez "pactos transversales", bajo lo que pretende que la ecuación de legalidad más emprendimiento sea igual a equidad.
En este marco, está contemplado el Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas, el que pasa por recobrar la cultura de la legalidad en las acciones de la administración pública territorial y los diversos actores territoriales, estabilizando las pugnas por el control territorial y generando un ambiente donde la cultura del emprendimiento permita la inversión y la suscripción de alianzas público-privadas. Inclusive, las propuestas de la Administración Duque en temas de paz integran la Política para la Estabilización (Presidencia de la República de Colombia, 2018), orientada a la unificación de los instrumentos de planeación, gestión e implementación de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz en lo que denominan la Hoja de Ruta Unificada de Planeación para la Estabilización en cabeza de la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación Territorial que tendrá la tarea de generar sinergias entre los diferentes Planes, entre ellos los PDET, para armonizarlos con los pilares y pactos del Plan Nacional de Desarrollo, "Un pacto por Colombia: un pacto por la equidad".